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COMUNICADO SOBRE APLICACIÓN MEDIDAS EN SECTOR ELÉCTRICO DERIVADAS DE LA CRISIS COVID-19

Como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, y atendiendo a las consecuencias económicas y sociales sobrevenidas por la declaración del estado de alarma, por parte del Gobierno se han venido adoptando varias medidas en todos los ámbitos, también en cuanto al suministro eléctrico. El Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo, establece diversas medidas para los autónomos y las PYMEs.

Medidas de carácter general

Se facilita las modificaciones del contrato de suministro con carácter temporal: cambios en la tarifa, o modificaciones de la potencia para adecuarla a las variaciones del consumo que puedan producirse por este confinamiento, bien por el incremento de consumos en las viviendas habituales, o por disminución de los mismos por tratarse de segundas viviendas o viviendas vacías. Estas modificaciones excepcionalmente no supondrán un coste para los abonados que las soliciten y se considera que el consumidor se mantiene con la cooperativa que es con quien tiene el contrato en vigor, y no se produce ningún tipo de resolución del contrato.

Autónomos y PYMEs

Tendrán derecho a solicitar la suspensión temporal del pago de facturas correspondientes a períodos de facturación que contengan días integrados en estado de alarma, incluyendo todos los conceptos de facturación. Los autónomos deberán acreditar dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable. En el caso de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), deberán acreditar que cumplen con dicha condición de acuerdo con las definiciones establecidas en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea. Tras la finalización del estado de alarma, las cantidades adeudadas se regularizarán a partes iguales en las facturas emitidas por la cooperativa correspondientes a los periodos de facturación en los que se integren los siguientes 6 meses desde la finalización del estado de alarma. Los autónomos y PYMEs que se acojan a estas medidas, no podrán efectuar un cambio de comercializador hasta la finalización de los 6 meses indicados.

Medidas tras finalización del estado de alarma e implicaciones sobre aplicación de pagos

Tras la finalización del estado de alarma, el consumidor que se haya acogido a alguna de estas medidas, dispondrá del plazo de 3 meses para solicitar la reactivación del contrato de suministro, en el supuesto en que se hubiese interesado su suspensión, solicitar unos nuevos valores de potencia o tarifa si hubiera efectuado variaciones o solicitar una nueva modificación del contrato de suministro. Estos cambios no supondrán coste alguno siempre que se hagan dentro del mencionado plazo de los 3 meses.

Autónomos (Medida excepcional COVID-19)

Se ha previsto la inclusión de los autónomos en el Bono Social, que supone la contratación del suministro con el comercializador de referencia, en nuestro caso COMERCIALIZADORA REGULADA NATURGY, para el periodo del estado de alarma, en unas condiciones concretas siempre y cuando cumplan con una serie de condiciones:

• Profesionales por cuenta propia o autónomos que se vean obligados a cesar en su actividad profesional o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social haya disminuido al menos un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Si la renta del titular del punto de suministro o, caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca es igual o inferior:

• A 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar (esto es, 18.799€)
• A 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar (esto es, 22.559€)
• A 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar (esto es, 26.318 €).
• La condición de consumidor vulnerable de estos nuevos beneficiarios del bono social se extinguirá cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho a la COR. Asimismo, en ningún caso esta consideración de vulnerable se extenderá más de 6 meses desde su devengo, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o posterior al amparo del resto de supuestos previstos.